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jueves, 17 de noviembre de 2011

SE INICIA LA VÍA PENAL EN EL CASO DE LA MACROURBANIZACIÓN DE CAMPO AZALVARO

Las declaraciones serán los días 17 y 19 de marzo 


Publicado inicialmente el 30/1/2008


Con la citación a diez personas, realizada por el Juzgado Nro. 2 de Ávila, a petición del Fiscal Jefe de Ávila, en el marco del Procedimiento Abreviado 1382/2007, para declarar en relación con la realización de obras de la macrourbanización “El Castillo”, en las inmediaciones del Embalse de Serones del río Voltoya, en Campo Azálvaro, se inicia la vía penal para deducir las responsabilidades que, en su caso, hubiera lugar sobre este otro escándalo urbanístico de la provincia de Avila, esta vez en el municipio de Santa María del Cubillo. 

El pasado 3 de agosto, la asociación ecologista Centaurea y la Unión Sindical de Ávila de Comisiones Obreras denunciaron al SEPRONA el inicio de obras ilegales de la macrourbanización “El Castillo”. Previamente estas organizaciones pudieron comprobar y documentar que, en plena temporada de incendios y de cría y concentración de la cigüeña negra, diversa maquinaria pesada trabajaba realizando las calles de la urbanización, entre otras tareas (ver foto adjunta, tomada en agosto pasado). 

Según refiere el atestado realizado por el Equipo del SEPRONA Ávila, las referidas obras fueron ejecutadas por la empresa abulense CASTILLO y CIA, por encargo de la promotora LAGOS, S.A., con el fin de llevar a cabo la acometida de la red eléctrica, abastecimiento de agua, red de saneamiento y la pavimentación de las calles de la citada urbanización. 

Estos colectivos recordaron ya en su denuncia que las urbanizaciones que la empresa Lagos S.A., promotora de las mismas, y el Ayuntamiento de Santa Mª del Cubillo, pretenden llevar a cabo en Campo Azálvaro, no son legales, puesto que no están aprobados los planes parciales correspondientes, entre otras cuestiones. Así consta claramente en un detallado informe de fecha 5 de noviembre de 2002 que la Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, emitió en relación con los Planes Parciales de los polígonos de “Cantos Altos”, “La Lancha” y “El Castillo”, de Santa María del Cubillo, en el que, entre otras cosas, se decía que: 

«Los Planes Parciales de los polígonos de “Cantos Altos”, “La Lancha” y “El Castillo” deben someterse a las determinaciones contenidas en las Normas Subsidiarias de Santa María del Cubillo (Ávila), que recogieron en el epígrafe 3.2.4.d) la necesidad de un Plan Especial de Saneamiento en ese municipio con carácter previo a los correspondientes planes parciales que posibiliten la urbanización en el Alto Valle del Voltoya ...» 


«No se pueden entender aprobados definitivamente por silencio administrativo los citados Planes Parciales, ya que cuando se remitieron a la Comisión Provincial de Urbanismo de Ávila para su aprobación no existía el Plan Especial de Saneamiento, que es requisito previo.» 


«Por otra parte, los proyectos de los tres Planes Parciales citados no reunían los requisitos legalmente establecidos en cuanto a tramitación, procedimiento y determinaciones, como se hizo constar en los Acuerdos de la Comisión Provincial de Urbanismo de Ávila, en sesiones de 22 de mayo (“El Castillo”), 26 de septiembre (“La Lancha”) y 21 de octubre de 1991 (“Cantos Altos”).» 
«Las urbanizaciones no serían posibles en el supuesto de que los Planes Parciales y el Plan Especial de Saneamiento no estuvieran aprobados.» 

El SEPRONA dio traslado de sus averiguaciones a los Juzgados de Ávila, donde se incoaron Diligencias Previas. Poco después la asociación Centaurea se personaba como interesada en el procedimiento. 

Ahora el Juzgado Nro. 2 ha acordado que el día 17 de marzo declare como imputado el representante legal de la empresa LAGOS S.A., promotora de la macrourbanización “El Castillo” (17 de marzo a las 10:00 h.). 

Y, en calidad de testigos, se ha citado a: 

los tres Guardias Civiles del SEPRONA Ávila que llevaron a cabo las investigaciones sobre las obras ilegales emprendidas en agosto de 2007 en la urbanización El Castillo, tras la denuncia efectuada al efecto por la asociación Centaurea y por la Unión Sindical de Ávila de Comisiones Obreras. Se les ha citado el 17 de marzo a las 11:30 h. los dos agentes de la Policía Local de Ávila que llevaron a cabo una investigación similar. Citados también el 17 de marzo a las 11:30 h. la Secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, Mª Carmen Fernández Ballesteros López (19 de marzo a las 10:00 h.) el Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, Fco. Javier Machado Sánchez (19 de marzo a las 11:00 h.) al Vocal de la Ponencia Técnica de la comisión Territorial de Urbanismo, Fco. Javier Melgosa Arcos (19 de marzo a las 12:00 h.) 

Por último, se han admitido una serie de diligencias, solicitadas por Centaurea, de petición de documentos dirigidas al Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, a la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, a la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo de la Consejería de Fomento y al Equipo del SEPRONA Avila que realizó el atestado sobre las obras de la macrourbanización “El Castillo”. 

Las obras iniciadas el pasado verano por LAGOS S.A. son el intento de reactivación del proyecto de construir más de 2.000 viviendas unifamiliares junto a los límites del embalse de Serones, que es vital para el abastecimiento de agua a la capital abulense. De esta forma se pretende revitalizar un proyecto urbanístico que permanecía enquistado y que se quiere sacar adelante con la coartada de haber sido aprobado por el ayuntamiento de Sta. Mª. del Cubillo “hace más de veinte años” (aunque no cuenta con la autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila), sin tener en cuenta que en ese lapso de tiempo no sólo se han producido importantes cambios legales –tanto en materia de urbanismo como en la protección del medio ambiente–, sino que también ha cambiado la conciencia social sobre dichos problemas y sobre el valor medioambiental que tiene Campo Azálvaro. 

martes, 15 de noviembre de 2011

MAS IMPUTADOS EN EL CASO DE LAS NAVAS

El titular del juzgado de Ávila ha imputado a 15 personas más 


Publicado inicialmente el 17/11/2007


Carlos de Miguel (avilared) 

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila ha imputado a 15 personas más en el caso de la Ciudad del Golf, de Las Navas del Marqués. 

Según la providencia dictada, deberán acudir a declarar seis funcionarios de Medio Ambiente –entre ellos un director general-, el propietario de la empresa promotora de la urbanización Ciudad del Golf y ocho miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo –otros ya se encuentran imputados- que votaron a favor de las reclasificar el suelo como urbanizable en terrenos de la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) Pinares el Bajo Alberche y a la Zona de Importancia para la Cigüeña Negra Núcleo del Alberche. 

Por tanto, junto a los cuatro anteriores, el número de imputados se eleva a 19, después de que el juez haya admitido íntegramente la proposición de nuevas diligencias que formuló el letrado de la asociación Centaurea después de la declaración del alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, el 25 de octubre, que fue el último de los imputados en prestar declaración. 

Nuevos imputados 

Entre los seis funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de Fomento que apoyaron el proyecto se encuentran el actual director general del Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz, y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria. El resto son Sabas Yagüe Bosch, José Ignacio Molina García, Antonio Menduiña Martín y Noelia Díaz Herrezuela. 

Además, también se ha llamado a declarar al propietario de los terrenos, adquiridos a la Sociedad Montes de Las Navas, el constructor Francisco Gómez Hernández, apelado “El Paloma”, que es el representante legal de la empresa Residencial Aguas Nuevas SL, promotora de la urbanización y que taló al menos 4.000 pinos cuando el Tribunal Superior de Justicia declaró nula la reclasificación de terrenos. 

Los ocho imputados que votaron a favor en la Comisión Territorial de Urbanismo son Yolanda Lorenzo Toledo, entonces jefa del Servicio Territorial de Fomento; José Cubillo Velasco, que era jefe del Servicio Territorial de Cultura; Tertulino Fernández González como representante de la Administración del Estado; José Crespo Oleada, del ärea de Fomento de Castilla y León; Miguel Ángel Jiménez Herrero, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila; Juan Antonio Chamorro Sánchez e Ignacio Rodríguez como vocales de libre designación; y José Antonio Pérez Suárez, que entonces era repesentante de la Diputación. 

Todos estos nuevos imputados deberán acudir a declarar los días 26 y 27 de noviembre. 

Más testigos 

La providencia judicial también manda declarar como testigos a otras 12 personas, entre ellos el viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente, José Manuel Jiménez, entonces secretario general de la misma consejería. El resto son funcionarios de Medio Ambiente, algunos empleados del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y testigos de los hechos, ocurridos en octubre de 2006. 

A la vez, el juez ha admitido 17 diligencias de solicitud de nuevos documentos e información adicional, que serán solicitadas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, a la Consejería de Medio Ambiente, a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y a la Sociedad Montes de las Navas SA.

EL TSJ IMPIDE CONSTRUIR UNA URBANIZACION EN CAMPO AZALVARO

ÁVILA / TRIBUNALES / Viernes - 13 julio de 2007 


Publicado inicialmente el 17/7/2007


El TSJ da la razón al Ayuntamiento de Ávila en la anulación de una orden de la Consejería de Fomento que posibilitaba construir una urbanización en Campo Azálvaro 

La sentencia deja sin efecto la aprobación del Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales de la urbanización, próxima al embalse de Serones del que se abastece la ciudad 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dictado una sentencia en la que estima el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Ávila contra la orden de la Consejería de Fomento que autorizaba la construcción de un colector de aguas pluviales para dar servicio a unas urbanizaciones en Santa María del Cubillo (Ávila), proyectadas en Campo Azálvaro, cerca del embalse de Serones, que abastece a la capital, en una zona incluida en al Red Natura 2000. 

El fallo, fechado el 6 de julio y dado a conocer hoy, da la razón al Ayuntamiento de Ávila en el contencioso sobre el proyecto de urbanización en Santa María del Cubillo, con 2.370 viviendas y capacidad para 9.500 habitantes en Campo Azálvaro, cerca del embalse de Serones del río Voltoya. 

El TSJ ha estimado el recurso contra la orden de la Consejería de Fomento del 21 de junio del 2005, que aprobaba el Plan Especial de Saneamiento de Pluviales de la margen izquierda del río Voltoya en Santa María del Cubillo, previo a la construcción de la urbanización, y relativo a la resolución del recurso de alzada interpuesto por la empresa Lagos S.A. contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 29 de octubre de 2004, que declara la nulidad de pleno derecho de dicha orden. 

Las obras proyectadas consistían en la construcción de un colector de aguas pluviales de 7.600 metros de longitud que discurría desde las urbanizaciones proyectadas en el término municipal de Santa María del Cubillo hasta un punto de vertido en el río Voltoya, cuyo trazado discurre a lo largo de 5.900 metros por el término municipal de Ávila. 

Según informaron fuentes municipales, la importancia del recurso presentado viene dada por el empeño del Ayuntamiento de Ávila en preservar el espacio conocido como Campo Azálvaro, incluido en la Red Natura 2000, así como porque el principal embalse de abastecimiento de agua potable de la ciudad se encuentra ubicado en la cuenca del río Voltoya, al que pertenece dicho embalse. 

Falta de competencias 

Los motivos esgrimidos por el Consistorio cuando solicitó la nulidad de la orden se basan en que las obras proyectadas afectan a dos municipios, siendo órgano manifiestamente incompetente, por tanto, el ordenante, la Consejería de Fomento. La ignorancia de la apertura de un periodo de información pública a ambos municipios afectados, así como inexistencia de trámites ambientales necesarios en aplicación de la normativa vigente en la actualidad también fueron elementos utilizados para anular la orden. 

La sentencia del TSJCyL establece, conforme a la Ley 11/2003, que "los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de urbanización en zonas seminaturales o naturales, y sin perjuicio de que se impongan sobre la normativa urbanística las determinaciones medioambientales recogidas en planes o proyectos de ordenación del territorio derivados de protección de la naturaleza, como podrán ser lugares de interés comunitario o zonas ZEPA, deben ajustarse a lo dispuesto igualmente por la Ley 9/2006 sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente". A juicio del Consistorio abulense, también se incumplió esta normativa. 

El Juez Paraliza las obras de la carretera av562 en Cebreros

Auto integro del juzgado nº 2 de Ávila


Publicada inicialmente el 2/7/2007


Auto

En AVILA a 27 de Junio de 2007


ANTECEDENTES

 
UNICO: 1.- Las presentes diligencias se han incoado en virtud de escrito denuncia presentado por la Asociación Ecologista CANTUESO-ECOLOGISTAS EN ACCION por los hechos que se contienen en la misma. 


2.- Por el Ministerio Fiscal se ha evacuado el traslado conferido en relación a la solicitud de medida cautelar contenida en la denuncia: 
EL FISCAL, en relación con la solicitud de paralización cautelar de las obras, interesa su estimación por las siguientes razones: 
Existe una decisión motivada de la Consejería de Medio Ambiente por la que se determina el no sometimiento al procedimiento de E.I.A del proyecto de mejora de plataforma y firme de la carretera av-562 entre cebreros y el límite con la Comunidad Autónoma de Madrid, promovido por la Consejería de medio Ambiente de La Comunidad Autónoma de castilla y León. 
Esta decisión se funda, aunque no se cita, en el art. 45.3 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, donde se establece que podrán exceptuarse del trámite de E.I.A. aquellas actividades o proyectos que apruebe la Junta de Castilla y León en supuestos excepcionales mediante acuerdo motivado y publicado. 


Dicho acuerdo sólo tendrá efectos a partir de la fecha de su publicación, incluyendo en cada caso las medidas correctoras que se estimen necesarias en orden a minimizar su impacto ambiental. 


La actividad se encuentra en el anexo III g) en cuanto se trata de un proyecto de carretera que se sitúa en espacio natural protegido, como se especifica en la decisión motivada. 


Entre las medidas correctoras se establece la no actuación en periodos comprendidos entre el 1 de febrero al 15 de agosto (periodo crítico para el águila imperial) y entre el 15 de febrero al 31 de julio (período crítico para la cigüeña negra). 


Esas medidas correctoras no se han observado, por lo que habrá que depurar las posibles responsabilidades penales. Actualmente las obras se encuentran paralizadas, y en esa situación deben continuar al menos hasta el 15 de agosto, conforme a la decisión referida. 


Por lo expuesto se solicita del Juzgado la adopción por el juzgado de la medida cautelar de paralización de las obras hasta la fecha indicada, sin perjuicio de su prorroga si no se cumplen las medidas correctoras establecidas en la decisión de la Consejería de medio Ambiente. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 


PRIMERO.- No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 789 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable. 


SEGUNDO.- Visto el contenido de la denuncia, y el contenido del escrito del Ministerio Fiscal, transcrito en apartado anterior, y cuyas consideraciones se dan aquí por reproducidas a fin de evitar innecesarias repeticiones, y sin prejuzgar el resultado de la resolución definitiva que en su momento recaiga, al amparo del art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede como primeras diligencias para protección de los ofendidos o perjudicados por el delito, en relación con lo dispuesto en el art. 339 del Código Penal el acordar la medida cautelar solicitada. 


En atención a lo expuesto, 


DISPONGO: PARALIZACIÓN CAUTELAR DE LA ACTIVIDAD DE LAS OBRAS DE MEJORA Y OTRAS ACTUACIONES DE LA CARRETERA AV-562 ENTRE CEBRERROS Y EL LÍMITE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a que se refiere el anexo contenido en pag. 4694 y 4695 publicado en el B.O.C.y L. de 16 de marzo de 2006, hasta el 15 de agosto del corriente. 


Póngase en conocimiento la presente Resolución de la comandancia de la Guardia Civil de Ávila para constancia y vigilancia del cumplimiento de la medida y para que se comunique a los encargados de las obras afectadas a los efectos oportunos. 


Notifíquese la presente resolución al delegado Territorial en Ávila de la Junta de Castilla y León y al Director general de carreteras e infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 


Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado, que ha de interponerse en el Plazo de tres días. 


Así lo acuerda, manda y firma D. Miguel Ángel Pérez Moreno, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ávila y su partido.- DOY FE.